Ayer se hizo público el acuerdo entre PSOE y Sumar para un posible gobierno de coalición entre las formación de Pedro Sánchez y Yolanda Díez. Entre sus 48 páginas, 15 puntos están dedicados a la educación, bajo el epígrafe de «Educación pública y de calidad para garantizar la igualdad de oportunidades».
Aunque muchos de esos puntos tienen relación con una mejora de las becas, las condiciones de trabajo del profesorado o la extensión de la red pública de centros de infantil y formación profesional, destaca el punto en el que se anuncia que, con la excusa de la lucha contra la segregación escolar, se aumentará la cuantía de los conciertos educativos.
Esta subida de la cuantía es una de las peticiones más habituales de la patronal de la escuela concertada para poder hacer frente a todos los gastos que tiene un centro, más allá de las nóminas del profesorado.
En los últimos años han sido varias las iniciativas que han apoyado esta medida de aumentar los conciertos educativos para así intentar realizar un reparto más equilibrado del alumnado con necesidades educativas entre las dos redes. Hasta ahora, la pública es la red que escolariza en mucha mayor medida a chicas y chicos con dificultades. Desde la Fundación Bofill hasta la nueva Ley de educación vasca (que comenzará a negociarse en las próximas semanas), se ha hecho esta apuesta.
Ahora, PSOE y Sumar asumen la posibilidad de aumentar los recursos de los centros concertados para «para asegurar que su oferta es accesible a todas las familias sin peajes ocultos o sesgos de cualquier tipo en la admisión, impidiendo la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos». Todo ello a pesar de los muchos estudios que hablan del impacto que tiene la red concertada en el hecho de que exista tal segregación escolar.
Más allá de esta medida, el documento también señala la apuesta por la universalización de la escolarización pública de criaturas de 2 años antes del final de la legislatura (de conseguirse); o del aumento de la oferta pública de plazas de formación profesional, etapa en la que los centros privados han proliferado, en algunos casos, sin demasiado control.
La segregación escolar: un modelo competitivo basado en la elección de centro
El texto asegura que «mejoraremos las condiciones laborales de los docentes de educación primaria y secundaria, y facilitaremos su formación permanente, su desarrollo profesional y su estabilidad laboral». Hay que recordar que en esta legislatura pasada estaba previsto el comienzo de la negociación con la comunidad educativa en relación a un posible estatuto docente que, finalmente, quedó en el aire.
El acuerdo también prevé el aumento de las ayudas para comedor escolar, así como para las actividades extraescolares «educativas», «así como el horario de apertura de los centros». A esto se sumaría la intención de trabajar con las comunidades autónomas para «gratuidad de libros de texto y ayudas para el material escolar».
Varios puntos están dedicados a la lucha en favor de la diversidad y la convivencia en los centros educativos en relación a temas como «la homofobia, la transfobia, el machismo y la violencia de género, la xenofobia y la discriminación». Además, quiere luchar contra el acoso en el ámbito digital y las redes sociales y pretende reforzar el
Observatorio Estatal de la Convivencia.