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El complejo y doloroso caso de Noelia Castillo ha puesto de manifiesto de manera flagrante la paradoja de tener que gobernar la libertad individual en sociedades que son cada vez más libres. Un mero vistazo a foros de periódicos de corte liberal nos pone frente a la dificultad de legislar cuestiones como la eutanasia sin recurrir a la moral: lectoras y lectores que, con una mano, apelan a la libertad individual para defender que una mujer se deje prostituir si así lo desea, lamentan con la otra la falta de presencia del estado en la tortuosa historia de Castillo. Parece claro que a las posiciones liberales se les plantea un dilema cuando toca poner un rostro no demonizable de antemano en la desembocadura irreversible de políticas conducidas por la libertad individual, como es sin duda este caso: ahí, muchas de estas voces parecieran olvidar que la presencia del estado se sufraga con impuestos, y que éstos también limitan la libertad, en este caso la económica, de quiénes los pagan.
El liberalismo de hoy, como decía, se afirma implacable en la medida en que logre demonizar a quien la ley, o la ausencia de ella, convierta en víctima posible del ejercicio propio de la libertad individual. En este sentido, el debate sobre la eutanasia encuentra un claro salvoconducto moral en Países Bajos. Y, sin embargo, en estos días particularmente propicios para la reflexión, no se observa a adalides de la libertad dibujando analogías entre la eutanasia y las demonizadas mujeres en venta de los escaparates de Amsterdam, por mucho que ambas realidades representen dos de las tres patas (la tercera era el cannabis) de las políticas de los purple years en Países Bajos en los años anteriores y posteriores al ya lejano cambio de siglo.
Por ello mismo, tampoco podemos considerar casualidad que Países Bajos, a diferencia por ejemplo de Francia, aplique también con las sectas ese mismo credo liberal travestido de tolerancia. Cuando lo cierto es que una excepción con las sectas parecería mucho más justificada que con la eutanasia, al fin y al cabo éstas colonizan la libertad individual, incluida la libertad de pensamiento.
Y es precisamente eso lo que se desprende del comportamiento exhibido por miembros del grupo de investigación CREA. Mujeres jóvenes en su mayoría, en descargo de su líder supremo, Ramón Flecha, tras las denuncias del pasado julio por coerción sexual y otros abusos. Si bien no nos referiremos aquí a aquel exactamente como secta, no porque ello perturbe a Flecha, quien se querelló infructuosamente hace casi una década contra varios de los medios que osaron siquiera escuchar a quienes sostuvieron de manera íntegra y coherente ser sus víctimas; sino que hablaremos de “grupo coercitivo de alto control” por ser la denominación dada por la propia Universidad de Barcelona, a la que estuvo adosado CREA, oficial u oficiosamente, durante más de 35 años.
Permítanme aquí un inciso: no deja de ser una obscenidad que, reconociendo la coerción en el seno de CREA, este individuo haya contado con todo lo necesario para tratar de homologar, “científicamente” según su recalcitrante cantinela, al amparo de la Universidad de Barcelona y sin que nadie le tosiera, una noción de consentimiento sexual compatible con unas prácticas personales que son ahora objeto de denuncias gravísimas.
Entre otros despropósitos, Ramón Flecha nutrió con artículos como Aportaciones de la psicología al uso eficaz y la consecución del consentimiento sexual proyectos sobre esta temática gestionados por CREA. Es el caso de CONSENT, en el marco del cual incluso se llegó a impartir formación a los cuerpos policiales.
Parece mentira que nadie en la Universidad de Barcelona reparara en que toda coerción implica, según la Enciclopedia Jurídica, una violencia moral contra el libre albedrío que incide sobre la razón impulsando a obrar en determinado sentido, siendo siempre de orden interno psicológico: ¿Qué tipo de noción de “consentimiento sexual” puede producir y sostener el líder supremo de un “grupo coercitivo”? ¿con qué propósito?
Y es que, aunque parezca obvio, el reconocimiento de ciertas libertades equivale también a que haya otras que no lo sean, lo que esconde la creación de posibilidades para el abuso que aparecen de maneras menos obvias. Una tiene que ver con la relación entre la apertura de un derecho y el hecho de que este se acabe ejerciendo; otra, consustancial a la primera, se plantea cuando se reconocen libertades a un colectivo que, bajo el mando único de una persona, aspira a engullir la libertad individual de sus miembros. Como ejemplifica dramáticamente CREA no sólo en la Universidad de Barcelona, esto último puede implicar la profanación de la institución que custodia y da amparo a ese derecho. En efecto, todo apunta a que CREA habría encontrado en la institución universitaria una vía para instalarse en el abuso bajo el mando plenipotenciario de Ramón Flecha.
La libertad individual no se juega tanto en el terreno del derecho como en el de las relaciones sociales. Las mujeres son legalmente libres de estudiar ingeniería informática, tanto como los hombres de hacer lo propio en educación infantil, pero las facultades de educación están copadas por mujeres y las escuelas de ingeniería por hombres.
Cuando entender la desigualdad no es la prioridad, se puede resolver esta cuestión diciendo que las actividades reproductivas propias del espacio doméstico, como puede ser encargarse de prescolares, se refieren a una “esencia femenina”. Pero, en realidad, el esencialismo en cuanto al género es tan majadero como lo sería soltar, en el ámbito de las migraciones, que la gente proveniente de tal o cual país está más o menos cerca del mono. Hay ejemplos más evidentes: yo soy libre de comprarme un piso en Passeig de la Bonanova, y si no me las arreglo es cosa mía. En definitiva, aunque sea por omisión, la libertad se gobierna, a menos que el modelo que estemos defendiendo sea la anarquía, que no creo que sea el caso.
Hablar de sociedades totalmente libres es una utopía. Las relaciones de cualquier sociedad se encuentran reguladas por contratos, que no tienen por qué ser jurídicos, pero que nos comprometen y condicionan. Si yo le presté a usted hace un tiempo 10.000€ para la compra de un vehículo, usted no será 100% libre de decirme meses más tarde que no me lleva un domingo por la mañana al aeropuerto si yo así se lo pido. Eso es así con arreglo a un contrato de reciprocidad que ninguna de las dos partes ha firmado explícitamente, pero que, en parte, rige nuestra vida cotidiana. En efecto, uno de los problemas que se plantea en las sociedades modernas es que la seguridad jurídica que las caracteriza, tan útil hoy para proyectar un mundo de transacciones y consumo impulsado por la libertad económica, solapa los contratos que han consolidado los modelos comportamentales que guían las interacciones cotidianas. Son estos modelos, y no la legalidad ya reconocida, los que explican que las mujeres, por lo general, no se decanten “libremente” por la ingeniería informática.
La legalidad, pues, lo que hace es abrir posibilidades. Y cuando la legalidad ofrece garantías, también despierta anhelos entre quienes aspiran a colonizarlas, como sucede con las sectas. Esa es la paradoja. La libertad misma puede ser colonizada, por ello considero que la materialización de esos anhelos tiene que quedar en todo caso tipificada como actividad criminal. Y puede ser colonizada, no sólo porque la libertad se reconozca, sino porque las democracias se afirman provistas de instituciones que son garantes del orden social, delimitando y posibilitando para ello la libertad individual. Lo que no las libra de poder ser profanadas. Es más, las expone a ello.
La libertad individual se encarna en las relaciones sociales, las cuales se tejen también en el ámbito privado o doméstico, que son espacios a los que las leyes llegan de una forma muy general. Ahí las sectas encuentran la oportunidad de encastrarse en instituciones legítimas, como la universidad, formando en su interior universos privados, dentro de los cuales instalar y poner en marcha mecanismos aparentemente inofensivos para la regulación de las relaciones sociales. Estos mecanismos son el germen de la coerción, y hacia ellos apuntan de manera flagrante los numerosos testimonios que señalan a Flecha en las olas de denuncias de 2004 y 2016. De hecho, no todos los testimonios, aunque sí en cantidad suficiente como para que se hubiera hecho algo desde las instituciones, se encuentran publicados en internet desde hace años (aquí, aquí o aquí), manteniéndose en línea pese a las acometidas judiciales de Flecha. No era en absoluto difícil adivinar en estos testimonios las denuncias por coerción sexual que llegarían casi una década más tarde, con Flecha a tres meses de la jubilación. Lo cual las hace aún más lamentables, pues se contaba con elementos más que suficientes como para haber tomado medidas.
Por otro lado, al actuar bajo el caparazón de una institución, estos mecanismos se tornan muy útiles para la captación, la retención, y también la redención (pues el perdón acentúa las figuras de autoridad, a las que se acaba debiendo mayor obediencia).
En el caso de CREA, asaltan varias preguntas: ¿cómo una joven recién salida del instituto y estrenada su mayoría de edad puede anticipar nada de esto justo al entrar en la universidad? ¿cómo hay quien culpabiliza al ejército de mujeres jóvenes que protege todavía hoy al catedrático, hasta el punto que me denigrarán públicamente por este artículo? ¿en qué cabeza cabe que una persona formada encaje con entusiasmo, en el uso de su libertad individual, sentencias condenatorias del Tribunal Supremo, interponga denuncias falsas, practique el acoso a periodistas que cubren la información con rigor, firme artículos exculpatorios con argumentos de lo más peregrino, todo ello en favor de una cruzada para proteger a un sujeto, supuestamente experto en violencia de género, que se dice perseguido tras recibir 16 denuncias por coerción sexual?
En definitiva, las instituciones democráticas encierran latifundios de libertad muy amortizables para las sectas. La actividad depredadora de estas sega vidas, secuestra instituciones, degrada democracias. Por lo que, al menos en este caso, urge poner de una vez puertas al campo. Aunque sea para que puedan ayudarnos a salir si nos secuestran dentro y no nos percatamos de ello.
