«El texto no está guardado en un cajón, solo está pasando los trámites habituales» de cualquier normativa legal. Así los explican fuentes de la Consejería de Educación de Madrid. Hace días, Beatriz Galiana, portavoz de Educación de Podemos en la Asamblea, aseguraba durante la celebración de una Comisión a la que asistía una representante de la plataforma Inclusiva sí, especial también, que hacía más de un año que Educación tenía un texto guardado. Un texto que había hecho en colaboración con CERMI Madrid.
Fuentes conocedoras de estos trabajos aseguran a este periódico que efectivamente se realizaron y que el texto estaba preparado y en manos de Educación desde «comienzos del verano de 2017». El trámite que un decreto como este (y como cualquier normativa) ha de pasar no tiene un plazo fijado para hacerse. La Administración no se pilla los dedos, aunque hace un año que pasó ya por la consulta pública.
Estas mismas fuentes, eso sí, insisten en la buena disposición de la Comunidad de Madrid, así como que la redacción del decreto corrió a cargo en todo momento de personal técnico, «sin injerencia política» alguna desde Educación. Son varias las personas que aseguran que desde el año pasado se han realizado numerosos e importantes cambios en el texto. «Nos hemos dejado la vida para que el decreto fuera bueno», asguran personas cercanas a su elaboración, que insisten en que es un «documento vivo que se sigue trabajando».
Aún así, los pasos que debe seguir la normativa son: primero pasar por el departamento de asesoría jurídica de la Comunidad de Madrid. Tras él pasaría por las diferentes direcciones generales así como por las viceconsejerías, por si alguno de estos departamentos quisiera hacer alguna aportación. Una vez hecho esto, el texto llegaría a la Secretaría General de la Consejería en donde se estudiarían los factores económicos que los cambios normativos pudieran suponer.
Al final de este proceso se llegaría al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. También podría enviarse el texto en un momento anterior dado que su dictamen no es vinculante, aunque sí necesario. Una vez con el dictamen en la mano, Educación podría aprobar la publicación del texto. Y de ahí al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Otras fuentes de la Consejería aseguran que el texto del decreto, que ha tenido varios borradores hasta ahora, ha pasado todos los trámites, a excepción del paso por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.
Difícilmente podría explicarse que un texto de estas características lleve casi un año y medio a la espera de la aprobación. Precisamente cuando en ese mismo tiempo se aprobaba en 43 ayuntamientos una moción para elevar la Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos sobre escolarización inclusiva.
Desde este diario hemos contactado con CERMI Madrid, entidad encargada en buena medida de la redacción del decreto, para confirmar los trabajos realizados desde la organización, así como la posibilidad de contrastar los textos que han sido utilizados en este tiempo. Desde la entidad confirman los trabajos realizados sobre dicho decreto, pero rehúsan hacer ningún otro comentario.
Se trata de un documento que poca gente maneja y del que, al menos en CERMI Madrid, nadie quiere hablar, como si fuera una patata caliente que nadie necesita tener demasiado tiempo en las manos.
Legislación paralizada
En este momento, el PP y Ciudadanos mantienen en la Mesa de la Asamblea de Madrid paralizadas tanto la iniciativa legislativa de los ayuntamientos, nacida alderedor de «una mesa camilla» en Fuenlabrada como comentan miembros del grupo motor, como la iniciativa legislativa que hace unos meses presentó Podemos en una línea parecida.
La excusa es que han de escucharse diferentes ponencias para comprender la realidad de la inclusión en la Comunidad de Madrid. Una excusa compleja si se tiene en cuenta que la Comunidad lleva año y medio trabajando mano a mano con una de las organizaciones más representativas de los colectivos de personas con discapacidad en la redacción de su propia legislación. También, en el caso de Ciudadanos, es complicado de justificar. En muchos de los 43 ayuntamientos que elevaron la iniciativa popular a la Asamblea, el partido naranja apoyó decididamente este texto, así como la necesidad de que se convirtiera en Ley.
Lo cierto es que la campaña comenzada por patronal, sindicatos y familias de la educación especial en defensa de su modelo educativo parece haber surtido el efecto esperado: frenar ambas iniciativas y asegurar la pervivencia de los centros de este tipo. Ha funcionado tanto como para que se elevase el asunto al Congreso de los Diputados, que aprobaba hace unas semanas la petición al Ejecutivo de que garantice la libertad de elección de las familias de estos centros.
Y todo esto al calor de la pelea entre la escuela de educación especial (principalmente concertada) y quienes reclaman una apuesta por la inclusción educativa (principalmente en centros ordinarios públicos).
