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El nombramiento oficial de Santiago Freire en Galicia como “vigilante de la neutralidad ideológica” en la escuela ha desencadenado una oleada de indignación pública. Freire es veterinario de profesión, sin ninguna relación con la educación, y conocido por su machismo, su declarado franquismo y por gastarse, supuestamente, 30.000 euros en marisco y vinos en fiestas del PP. Pero este nombramiento desborda el plano estrictamente administrativo para situarse en el terreno de la deriva antidemocrática y neofascista de la extrema derecha y de la derecha extrema.
No se trata únicamente de una controversia sobre la idoneidad de un cargo concreto por parte de la Xunta de Galicia, quien, de las machistadas más suaves que tiene a sus espaldas, se refería a las mujeres como personas capaces de tocar las narices sin acercarse.
Un personaje que no esconde su simpatía por el dictador Franco y el golpe de estado de 1936, usando fotos de aquel en sus redes sociales para presumir de las victorias electorales del PP. De hecho, en las últimas elecciones generales en España reenviaba al grupo de WhatsApp de la directiva del PP una foto del dictador junto con otros renombrados golpistas: Mola, Saliquet, Queipo de Llano y Cabanellas, todos ellos de uniforme, comentando “la última vez que hubo Generales en julio salió bien la cosa…”.
La neutralidad ideológica
El problema de fondo no es que a un machista y franquista se le encargue vigilar la neutralidad ideológica en los colegios, sino que no escandalice y provoque la dimisión inmediata del Consejero de Educación de Galicia la imposición en 2024 de esa neutralidad ideológica en la escuela, a raíz de las protestas por la Celulosa Altri o por Palestina.
El problema de fondo, como digo, es la trampa de la “neutralidad ideológica” que la extrema derecha utiliza para tratar de imponer su ideario ultra en la educación, y que el Partido Popular en España le ha comprado y extiende a través de leyes y normativas en las comunidades autónomas, al tener las competencias educativas transferidas.
Porque para el neofascismo no hay problema de “neutralidad ideológica” en impartir adoctrinamiento católico -la mayor parte integrista- desde infantil hasta la universidad (en todas las facultades de Educación). Tampoco hay problema de supuesta falta de “neutralidad ideológica” en adoctrinar en el capitalismo a través del emprendimiento o la educación financiera (por cierto, quienes enseñan a especular financieramente en los centros escolares son los responsables de la crisis de 2008: bancos y financieras).
La idea de que la educación puede —o debe— ser ideológicamente neutral constituye uno de los mitos más persistentes, utilizado como ariete semántico por el neofascismo contemporáneo. No existe currículo sin selección, ni selección sin criterios, ni criterios sin valores. Decidir qué contenidos se enseñan, qué autores se incluyen, qué procesos históricos se destacan o qué conflictos se silencian es, inevitablemente, una opción ideológica y política. La neutralidad, en este sentido, no es una posición real, sino una construcción discursiva que suele encubrir la hegemonía de determinadas visiones del mundo presentadas como “naturales”.
Contención y control
En este contexto, las directrices impulsadas por la Xunta de Galicia en 2024 para reforzar la llamada neutralidad ideológica en los centros educativos adquieren un significado político preciso.
Lejos de garantizar un espacio plural, estas medidas emergen como respuesta a movilizaciones sociales —desde conflictos ecológicos hasta causas de solidaridad contra el genocidio en Palestina—que la escuela que ha abordado como parte de su labor educativa. La apelación semántica a la neutralidad funciona así como un mecanismo de control y contención: no se trata de eliminar la ideología, sino de disciplinar qué ideologías pueden expresarse y cuáles deben quedar fuera del aula.
Es aquí donde el nombramiento de Freire revela toda su carga simbólica. El gobierno del PP en Galicia pone de manifiesto así que lo que quiere es controlar, vigilar, erradicar e impedir determinadas expresiones ideológicas. Está replicando el ideario de la extrema derecha en su afán por controlar las escuelas, imponerles un pin parental mucho más amplio y establecer lo que ellos entienden como límites a su libertad de expresión.
La educación, en cualquier sociedad democrática, no puede ser neutral porque está intrínsecamente vinculada a la formación de ciudadanía, a la transmisión de marcos éticos y a la construcción de sentido colectivo. Pretender lo contrario implica vaciarla de contenido o, peor aún, ocultar bajo la apariencia de neutralidad una ideología dominante que no se reconoce como tal. Para el Partido Popular todo es ideología excepto la del Partido Popular.
Las protestas en A Coruña apuntan precisamente a esta contradicción: cuestionar un modelo de gobernanza educativa que convierte la neutralidad en un dispositivo de control. Cuando se sanciona o se vigila la expresión de determinados discursos —feministas, ecologistas, de derechos humanos— en nombre de la neutralidad, lo que se está haciendo es delimitar el campo de lo que se puede decir en función de los intereses políticos de quien lo sanciona y vigila. Una estrategia común en toda la extrema derecha a nivel internacional.
Recortando libertades
En Brasil, iniciativas como Escola sem Partido, se utilizaron bajo la excusa de combatir el supuesto adoctrinamiento ideológico en educación, para articular el clima ideológico que acompañó el ascenso del ultraderechista Jair Bolsonaro. En Francia, la extrema derecha liderada por Marine Le Pen exige al profesorado neutralidad absoluta en temas políticos o ideológicos. En Murcia, España, Vox se sumaba a la cruzada de Díaz Ayuso en Madrid y denunciaba que “la carga ideológica que se encuentra en los currículos no respeta los principios de neutralidad ideológica”.
Hasta el Partido Popular ha incorporado en su programa electoral de 2023 el compromiso de garantizar la llamada neutralidad ideológica en las aulas. En el Estados Unidos de Trump se han prohibido novelas clásicas, en la Argentina del libertariano Milei, lo mismo…
Frente a esta deriva, el debate no debería centrarse en exigir una imposible asepsia ideológica, sino en construir marcos educativos basados en el pluralismo, el pensamiento crítico y la transparencia. La clave no es eliminar la ideología —algo inviable—, sino hacerla explícita, debatible y sometida a contraste. Una educación democrática no oculta sus valores: los expone, los problematiza y los confronta.
En última instancia, la polémica actual pone sobre la mesa una cuestión fundamental: o se reconoce que toda educación es ideológica y se establecen garantías para que esa dimensión sea plural y crítica, o se mantiene la ficción de la neutralidad como coartada para imponer, sin discusión, una determinada visión del mundo. Y en ese dilema, la llamada neutralidad se convierte en el problema central.
Pueden leer el libro de Jaume Carbonell: La Educación es política (Octaedro, 2019).
