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La decisión de la Generalitat de llevar a cabo una prueba piloto en 13 centros de secundaria que contarán con la presencia permanente de un mosso d’esquadra de paisano ha chocado con la oposición de sindicatos y de Desmilitaricemos la Educación, que agrupa a más de 100 organizaciones.
La iniciativa, según ha adelantado el diario El País, se pondrá en marcha este mes de manera experimental en las zonas educativas de L’Hospitalet de Llobregat, Vic, Alta Ribagorça-Vall d’Aran y Tàrrega, así como en dos centros de El Prat de Llobregat y Sabadell.
El objetivo de este Plan Integral para la Seguridad y el Bienestar en el Entorno Educativo (Eduseg) es garantizar la convivencia escolar, reducir posibles conflictos y agresiones que puedan surgir. En caso necesario, los agentes realizarán tareas de prevención, acompañamiento e intervención.
Objetivos pedagógicos
La noticia ha chocado con la oposición de la campaña Desmilitaricemos la Educación, que exige a la Generalitat la retirada inmediata del programa. Lo considera un «despropósito» y afirma que se ha creado «de manera opaca, sin ningún tipo de consulta previa o consenso» en un momento en que gran parte del debate educativo se centra en la falta de personal, ratios elevadas y escasa inversión en la educación inclusiva, entre otras demandas.
Desmilitaricemos la Educación asegura que este despliegue de mossos en los institutos se opone a los objetivos pedagógicos de la educación básica expresados en el Decreto 175/2022, de 27 de septiembre. «La presencia policial en los centros contraviene otros derechos de los jóvenes expuestos a este programa, especialmente si la presencia impuesta de los agentes en espacios de toma de decisiones educativas (como las comisiones de convivencia) conlleva la vulneración de su privacidad o situaciones de discriminación y estigmatización», indica en un comunicado.
Denuncia que la imposición de esta prueba piloto supone también una vulneración de la autonomía de los centros recogida en el artículo 13 del mismo Decreto y «es contraria a cualquier escenario de gobernanza democrática de los institutos en el que profesorado, familias y alumnado deberían participar y tomar parte en la toma de decisiones que afectan al desarrollo cotidiano de la acción educativa: claustro de docentes, consejos escolares, asamblea de alumnado, etc.».
«Deriva autoritaria»
Desde la campaña Desmilitaricemos la Educación, en la que participan más de 100 entidades, sindicatos de docentes, la federación de familias, agrupaciones educativas, entidades de ocio y de fomento de la paz, entre otras, subrayan que se trata de una «deriva autoritaria» y un «discurso social antidemocrático basado en el uso de la fuerza, el castigo y la vigilancia, aunque se endulce con palabras como disuasión o intervención preventiva». «No a la presencia policial en las aulas» o «Fuera la policía de los institutos» son algunas de sus consignas.
El sindicato CGT Enseñanza ha sido de los primeros en reaccionar y ha rechazado la presencia de cuerpos policiales en las escuelas para resolver conflictos, remarcando que estudios y experiencias internacionales demuestran que la presencia policial en las escuelas no aumenta la seguridad y criminaliza al alumnado más vulnerable. «El modelo educativo del PSC se aleja de las demandas de la comunidad educativa y se acerca peligrosamente al fracasado modelo norteamericano», ha dicho en las redes sociales.
El sindicato mayoritario de docentes USTEC ha indicado que «el Departamento responde con una lógica policial a un problema educativo y social que la comunidad educativa lleva años denunciando.» «La presencia estable de mossos de paisano en centros de secundaria no aborda las causas de fondo de la conflictividad y desvía el debate de los recursos que realmente necesitan los centros», añade en un comunicado.
USTEC destaca que la prueba piloto parte de una premisa «equivocada» porque trata como un problema de seguridad lo que consideran un problema educativo, social y de infrafinanciación.
