Opinión

Educación apolítica

El Partido Popular (derecha) de Galicia ha creado la figura del “vigilante de la neutralidad ideológica en los centros educativos”, a raíz de las protestas de la comunidad educativa por la contaminación de la Celulosa Altri o por el genocidio en Palestina. Además ha nombrado como “vigilante” a un personaje que no esconde su simpatía por el dictador Franco y el golpe de estado de 1936. Este es un ejemplo de la deriva que cunde en otras muchas comunidades autónomas gobernadas por la derecha, cada vez más extrema, y que ahora se ve reforzada por los gobiernos de coalición con la extrema derecha.

El problema añadido es que el Partido Socialista (socioliberal) asume en buena parte su marco ideológico y empieza a tratar los temas educativos como si fueran problemas de seguridad. En el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, del Ministerio de Interior del actual gobierno, se legitima la presencia de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en centros educativos de todo el Estado español. De acuerdo a esta lógica, los enfoques pedagógicos y educativos de convivencia se redefinen como cuestiones de “seguridad” que exigen la intervención de Policía y Guardia Civil en los centros.

Policía del pensamiento en los centros

Por eso no es de extrañar que, la Generalitat de Cataluña, gobernada por el PSC de Salvador Illa, haya impuesto la presencia permanente de un policía (disfrazado de paisano) en determinados centros escolares, que la Generalitat ha señalado como “conflictivos”.

Disfrazado también este plan con un nombre eufemístico (Plan Integral para la Seguridad y el Bienestar en el Entorno Educativo). Parece que se utiliza para tapar el actual debate educativo en Cataluña que se centra en la falta de personal, ratios elevadas e ínfima inversión en la educación inclusiva, mientras se sigue financiando la red concertada.

Esta deriva autoritaria global, que señala y estigmatiza a los centros de entornos más vulnerables y criminaliza al alumnado que en ellos está, se está normalizando. El neofascismo está marcando así la agenda política a nivel global, utilizando la dichosa “ventana de Overton”, también en educación. Lo impensable se vuelve debatible para, a continuación, hacerlo normalizable y finalmente, incluso, legislable.

Se pretende así normalizar la autoridad policial como actor educativo, naturalizando la presencia de policías, guardias civiles y militares en los centros y transformando así progresivamente la naturaleza de la escuela como espacio eminentemente formativo en lugar también de control y normalización de la ideología y narrativa bélicas, en la que el “orden social” aparece ligado a la vigilancia y a la intervención policial como si de un “estado de sitio” permanente se tratara. Imponen así una forma de gestión tecnocrática de la convivencia y los conflictos sociales que evita cuestionar sus causas profundas y refuerza la idea de que estos deben ser contenidos más que resueltos de forma pedagógica.

El retorno de un nuevo “nazismo macarthista”

Estos son ejemplos que muestran cómo se ha desplazado la “ventana de Overton” y se normaliza la barbarie en el seno del propio sistema educativo. Vemos cómo la extrema derecha y la derecha extrema han iniciado, con total impunidad, una nueva “caza de brujas” contra todo pensamiento que cuestione el sistema dominante: bajo discursos de “protección a la infancia”, “defensa de la familia” o “libertad académica”, se persigue el pensamiento que cuestione el capitalismo neoliberal, el patriarcado, el colonialismo o la propia idea de justicia social. El viejo espíritu del macarthismo —que en Estados Unidos silenció a intelectuales progresistas con la excusa del miedo al comunismo— ha convertido la educación en uno de los principales campos de batalla.

Se suceden procesos de estigmatización, despidos, censura y persecución judicial contra docentes, investigadores o estudiantes que introducen perspectivas críticas o disidentes. La diferencia clave es que hoy la “bruja” no es una anciana en el bosque, sino la profesora que analiza las desigualdades estructurales de clase social, el estudiante que organiza un debate sobre el racismo sistémico, la comunidad educativa que denuncia el genocidio palestino o el sindicato que impulsa acciones contra el extractivismo capitalista. El “demonio” es ahora el “marxismo cultural”, el “adoctrinamiento” o cualquier etiqueta que sirva para deslegitimar saberes incómodos.

En el macarthismo se hacían listas negras de simpatizantes comunistas y se creó un clima de paranoia donde cualquier crítica al “modelo americano” era sospechosa de traición.

En el nazismo se produjo la quema de libros, la purga de profesorado judío y socialistas, la sustitución de la ciencia por ideología racial y el adoctrinamiento juvenil como prioridad estatal. Hoy se vetan libros en escuelas, se persigue a docentes por expresar opiniones críticas, se censuran encuentros internacionales de educadores o se imponen leyes que penalizan el supuesto “adoctrinamiento” en las aulas.

La educación como campo de batalla

La educación no es, ni ha sido nunca, un espacio neutral. Siempre hay intereses en juego sobre qué se enseña y qué se calla. La cruzada actual contra la “ideología de género”, contra la “perspectiva decolonial” o contra la “educación ambiental crítica” responde a una misma lógica: evitar que las nuevas generaciones desarrollen herramientas para cuestionar el sistema económico y político vigente.

La educación se ha consolidado como un campo estratégico en las disputas ideológicas del siglo XXI. Para la extrema derecha, pensamiento crítico es aquel que solo critica al comunismo, no al mercado, ni al patriarcado, ni al colonialismo. Esta inversión semántica es propia de la caza de brujas: la víctima es convertida en victimario.

La enseñanza que promueve igualdad es acusada de “discriminación inversa”; la que explica el conflicto social es etiquetada como “violencia ideológica”; la que analiza el cambio climático como crisis sistémica es descalificada como “ecologismo extremo”.

El neofascismo acusa a la educación pública (no a la concertada) de un supuesto “sesgo ideológico” en la educación, al tiempo que promueve iniciativas orientadas a redefinir los límites del conocimiento legítimo, impugnando contenidos curriculares vinculados a perspectivas críticas (feminismo, antirracismo, memoria histórica).

Impulsa marcos normativos que limitan la autonomía docenteⁱ, expandiendo narrativas sobre la “neutralidad ideológica” de la escuela, que en la práctica operan como mecanismos de exclusión de determinados enfoques y deslegitimando el conocimiento experto y de las instituciones académicas.

Estas dinámicas buscan reconfigurar la hegemonía cultural y generar climas de autocensura entre el profesorado y las propias comunidades educativas mediante leyes mordaza que disuaden el pensamiento divergente.

La cuestión central no es, por tanto, si la educación es política —lo es inevitablemente—, sino qué tipo de proyecto político y pedagógico orienta su desarrollo.

Resistencia pedagógica

Las derechas extremas han aprendido a usar las redes sociales y los pánicos morales episódicos (como el debate sobre la “educación sexual”) para imponer sus agendas sin necesidad de dictaduras formales. La grave cuestión añadida es si la socialdemocracia también acaba comprando su agenda y su marco ideológico.

La historia no se repite, pero rima, dice el tópico. La caza de brujas medieval, el macarthismo y el nazismo son distintos fenómenos con un mismo patrón: identificar a un enemigo interno, deshumanizarlo y purgar su influencia de las instituciones. Hoy, ese patrón reemerge de forma dispersa pero coordinada a nivel global, impulsado por partidos y movimientos de extrema derecha que tienen en la educación su principal objetivo.

Por eso la defensa de una educación democrática, crítica, plural y emancipadora se convierte en una lucha política central de nuestro tiempo. ¿Estaremos a tiempo de apagar las hogueras antes de que quemen también los libros y las conciencias?

i La Inspección Educativa, ha procedido a incoar un expediente a la maestra Marta González de Eiris Martín, docente del CEIP Manuel Núñez de Arenas, por una supuesta desobediencia vinculada a la organización en grupos multinivel durante el periodo en que ejercía como directora del centro.