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Vivimos un tiempo extraño. Mientras se multiplican los discursos sobre innovación, digitalización e inteligencia artificial, avanza silenciosamente otra discusión mucho más profunda, qué tipo de ciudadanía queremos construir y qué papel debe desempeñar la educación en esa construcción.
Las nuevas corrientes neoconservadoras y neofascistas han comprendido perfectamente que la disputa política no se libra únicamente en los parlamentos o en las redes sociales. También se juega en la escuela, en la universidad y en los espacios donde las personas aprenden a interpretar el mundo. Por eso la educación se ha convertido nuevamente en un territorio de confrontación ideológica y cultural.
No es casualidad que en pactos con gobiernos autonómicos, reaparezcan discursos que cuestionan la educación inclusiva, desacreditan el pensamiento crítico, ridiculizan la diversidad cultural o afectiva y reivindican modelos educativos basados en la autoridad incuestionable, la obediencia y la nostalgia de una escuela selectiva y jerárquica. Tampoco es casual el ataque permanente a docentes, universidades, movimientos pedagógicos o propuestas que intentan abordar la complejidad social desde perspectivas democráticas.
Detrás de muchos de esos discursos aparece una idea aparentemente sencilla pero profundamente peligrosa como presentar la educación como adoctrinamiento y la neutralidad como solución. Pero la educación nunca ha sido neutral. Toda práctica educativa transmite valores, visiones del mundo, maneras de convivir y de entender la sociedad. Incluso quienes reclaman neutralidad están defendiendo una determinada concepción social y cultural, aunque pretendan ocultarla bajo una falsa neutralidad o una supuesta objetividad.
El problema no es que la escuela transmita valores. El verdadero problema surge cuando se impide cuestionarlos, debatirlos o analizarlos críticamente. Ahí comienza el adoctrinamiento.
Educar democráticamente no significa imponer una visión política concreta. Significa enseñar a pensar, a contrastar información, a convivir con la diferencia y a comprender que las sociedades son complejas. Significa también fomentar la duda, la reflexión y la capacidad de analizar críticamente discursos simplificadores que convierten al diferente en enemigo y al miedo en herramienta política.
Los nuevos autoritarismos entienden perfectamente el valor de la educación. Por eso desconfían de una escuela que enseñe a preguntar. Una ciudadanía que reflexiona, dialoga y desarrolla pensamiento crítico resulta incómoda para quienes necesitan respuestas simples, emociones rápidas y enemigos permanentes. El pensamiento crítico introduce matices, complejidad y memoria histórica, justamente aquello que los discursos extremistas intentan eliminar.
En este contexto, el profesorado ocupa una posición especialmente delicada. En muchos lugares aumenta la presión para evitar determinados debates, silenciar conflictos sociales o volver hacia atrás. Se pretende un profesorado que instruya, pero que no ayude a comprender el mundo, que transmita información, pero que no genere reflexión. Como si enseñar pudiera separarse de formar ciudadanos capaces de participar críticamente en la vida democrática.
«La educación democrática no consiste en fabricar individuos idénticos, sino en construir espacios donde sea posible pensar, disentir y convivir»
Sin embargo, la función más importante de la educación quizá siga siendo ayudar a comprender y transformar la realidad educativa y social. La escuela no puede resolver por sí sola las desigualdades, la intolerancia o la polarización, pero sí puede contribuir a que las nuevas generaciones aprendan a convivir democráticamente, a rechazar discursos de odio y a reconocer la dignidad de todas las personas.
La educación democrática no consiste en fabricar individuos idénticos, sino en construir espacios donde sea posible pensar, disentir y convivir. Y eso exige aceptar algo fundamental como educar no es domesticar ni adoctrinar, sino abrir posibilidades de comprensión y emancipación.
Tal vez por eso los nuevos neofascismos desconfían tanto de la escuela pública, de propuestas pedagógicas alternativas y del profesorado comprometido. Porque saben que una educación que enseña a pensar siempre será más difícil de controlar que una educación basada en el miedo, la obediencia y el silencio.
Defender hoy una educación democrática no es únicamente una cuestión pedagógica. Es también una forma de defender la democracia misma. Y quizá convenga asumir que se acercan tiempos difíciles para quienes creen en una escuela pública, inclusiva y socialmente comprometida. Los avances democráticos nunca han sido definitivos, y la historia nos recuerda que los derechos educativos y sociales pueden retroceder cuando crecen la intolerancia, el miedo y los autoritarismos. Por eso será necesario continuar defendiendo espacios de pensamiento libre, diálogo y justicia social desde las aulas, las universidades y los movimientos pedagógicos. La lucha por una educación democrática no ha terminado, probablemente vuelve a comenzar con más urgencia que nunca.
