La marea verde ha vuelto a tomar las calles. El 4 y el 5 de noviembre de 2026 las universidades públicas madrileñas han secundado la huelga general educativa que llevan sosteniendo los centros de educación infantil, primaria, secundaria y de FP de la región desde el 14 de octubre. Mientras tanto, el sector de la educación infantil de 0 a 3 años mantiene la huelga convocada el pasado 6 de abril. Meses de movilizaciones detrás de los cuales hay reivindicaciones muy variadas, adaptadas a las necesidades de cada etapa educativa, pero que comparten una motivación principal: exigir a la Comunidad de Madrid la atención y la inversión que necesitan los centros educativos desde la escuela infantil hasta el aula universitaria.
La raíz del problema es la falta de financiación de la educación pública en la región presidida por Isabel Díaz Ayuso. La Comunidad de Madrid, una de las más ricas de España, es la que menos dinero invierte por cada alumno: también es la que más porcentaje de la población escolar acude a centros privados y concertados, mientras que el poder adquisitivo del profesorado es menor que en otras regiones, las aulas están sobrecargadas de alumnos y las infraestructuras presentan numerosos problemas que se van arreglando, cuando se arreglan, con cuentagotas.
La universidad pública madrileña también lleva mucho tiempo sufriendo esta infrafinanciación. Mientras que el resto de las comunidades autónomas han ido aumentando los recursos destinados a sus universidades públicas desde los recortes efectuados en respuesta a la crisis económica de 2008, la participación relativa de la Comunidad en el total de la financiación de la universidad pública madrileña ha seguido la trayectoria contraria, disminuyendo. Los salarios del profesorado laboral –aquel que no es funcionario– se encuentran entre los más bajos de España, y, comparados con el coste de vida en la región, son los peores. Los precios públicos de la matrícula universitaria, sin embargo, son de los más elevados del país.
La política de asfixia y desprestigio de las universidades públicas, por tanto, redunda en beneficio de las privadas
Mientras tanto, en la Comunidad de Madrid proliferan las universidades privadas –13 frente a las 6 públicas– y aumenta tanto su número de estudiantes –representan un 31 % del alumnado universitario total– como su personal y su profesorado, en un trasvase favorecido por el empeoramiento a todos los niveles de la pública. La política de asfixia y desprestigio de las universidades públicas, por tanto, redunda en beneficio de las privadas: un resultado que no es sobrevenido ni coyuntural, sino esperado y sostenido por la Comunidad de Madrid y que coincide con lo que está ocurriendo en todos los demás niveles educativos.
Hace un año, en noviembre 2025, las universidades públicas madrileñas convocaron una huelga de dos días que tuvo un seguimiento superior al 70 % según los sindicatos. Los intentos de negociación con el consejero de Educación, Emilio Viciana, fracasaron, lo que conllevó su cese y el nombramiento de la actual consejera, Mercedes Zarzalejo.
La inversión universitaria se sitúa en el 0,39% del PIB regional, lejos del 1% que exige la LOSU
Ya con Zarzalejo, se llegó a un nuevo acuerdo de financiación de las universidades públicas que, firmado en marzo, ha demostrado resultar insuficiente. La inversión universitaria se sitúa en el 0,39% del PIB regional, lejos del 1% que exige la LOSU y muy por debajo tanto de la media española como de la europea, que son, respectivamente, del 75 y del 92 %.
Las noticias sobre los terribles efectos que esta infrafinanciación tienen en las universidades aparecen con frecuencia en las páginas de la prensa: en los últimos días hemos podido leer que las deficiencias técnicas en prevención de incendios han forzado a cerrar el edificio de despachos de la Facultad de Derecho y el Archivo Histórico de la Universidad Complutense de Madrid. O que la Universidad Rey Juan Carlos, que ha restringido el uso de la calefacción en sus instalaciones de cara al próximo invierno, se plantea pedir a la Comunidad un préstamo de 40 millones de euros para evitar su colapso. La Complutense ya tuvo que pedir uno el año pasado –para devolverlo tendrá que recortar 33 millones de euros.
Este es el complejo contexto en el que se ha convocado esta nueva huelga universitaria: un sector educativo que se ha levantado por completo contra las políticas de asfixia económica de la Comunidad de Madrid y con el que la consejera de Educación aún no se ha sentado a negociar. El Gobierno autonómico no ha hecho más que desprestigiar a los docentes en huelga: en sus declaraciones más recientes, Ayuso ha calificado las protestas de los profesores de «delincuencia y mafia callejera»
Pero estos profesores son personas que no sólo están luchando por mejorar sus condiciones laborales, sino que también están defendiendo uno de los pilares del estado del bienestar y de la convivencia democrática: la educación pública. Durante estos dos días, el sector universitario se ha sumado a una marea verde que debemos apoyar todos como sociedad para mantener y mejorar ese ideal de una educación pública y de calidad para toda la ciudadanía.
