La vivienda no puede convertirse en un privilegio ni los salarios en una condena a la precariedad. Quienes trabajamos en la enseñanza tenemos razones propias para secundar esta huelga general: defender nuestros derechos laborales es también defender una educación pública de calidad y la igualdad de oportunidades.
El próximo 11 de noviembre estamos llamados y llamadas a una huelga general bajo un lema que resume una realidad cada vez más insoportable: “Que la vivienda no se coma tu salario. Tenemos que actuar”.
Desde el Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos tenemos claro que esta convocatoria también interpela directamente a nuestro sector. Porque quienes trabajamos en la educación no vivimos al margen de los problemas que afectan al conjunto de la clase trabajadora. También sufrimos el encarecimiento de la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo, la inestabilidad laboral y unas condiciones de trabajo que, en demasiadas ocasiones, no se corresponden con la responsabilidad social de nuestra profesión.
Enseñar no debería implicar vivir con incertidumbre.
Llevamos años denunciando las dificultades que afrontan numerosos profesionales de la enseñanza para desarrollar un proyecto de vida estable. La temporalidad, la movilidad geográfica y las retribuciones insuficientes tienen consecuencias que van mucho más allá de las condiciones laborales.
Lo hemos puesto de manifiesto al analizar la situación del personal interino y también la de docentes funcionarios de carrera que deben desplazarse para ocupar sus puestos de trabajo1. En determinados territorios, como Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, y en zonas rurales o con una elevada presión turística, encontrar una vivienda asequible se ha convertido en un problema añadido al ejercicio de la profesión. Hay docentes sustitutos que encuentran serias dificultades para encontrar alojamiento en los lugares donde deben trabajar. ¿Cómo podemos hablar de estabilidad en el empleo si ni siquiera están garantizadas unas condiciones mínimas para poder residir allí donde se necesita su trabajo?
Esta realidad tampoco es ajena a la enseñanza privada. Especialmente en determinadas etapas, como la Educación Infantil, donde las plantillas están altamente feminizadas y durante años se han soportado salarios muy bajos, en ocasiones por debajo del salario mínimo. No podemos seguir normalizando que profesionales que educan, cuidan y acompañan a la infancia tengan dificultades para llegar a fin de mes.
Por eso, cuando hablamos de salarios dignos, hablamos de mucho más que de una mejora retributiva. Hablamos de poder pagar un alquiler, de no tener que destinar una parte desproporcionada del sueldo a cubrir necesidades básicas, de poder emanciparse, formar una familia y construir un proyecto de vida sin vivir permanentemente al límite.
Pero la vivienda no es únicamente un problema de quienes trabajamos en la enseñanza. También es un problema de quienes tienen derecho a recibirla.
El encarecimiento de los alquileres, la insuficiencia de plazas en residencias universitarias y colegios mayores y el aumento del coste de los estudios están comprometiendo la igualdad de oportunidades. Cada vez resulta más difícil para muchos estudiantes desplazarse a otra ciudad para cursar una titulación universitaria o determinados ciclos de Formación Profesional. Las becas, siendo imprescindibles, no siempre compensan el coste real de estudiar lejos del domicilio familiar.
No podemos aceptar que el lugar de nacimiento, la renta familiar o la posibilidad de asumir un alquiler determinen qué estudios puede realizar una persona. La educación debe ser una herramienta de igualdad y promoción social, no un derecho condicionado por la capacidad económica de las familias.
Y esa igualdad de oportunidades también exige cuidar y reconocer a quienes hacen posible cada día el sistema educativo. No hay educación de calidad sin profesionales reconocidos y condiciones laborales dignas.
Desde UGT llevamos tiempo reclamando estabilidad para las plantillas, reducción de la temporalidad, recuperación del poder adquisitivo, mejores condiciones retributivas y una financiación suficiente que permita garantizar una educación de calidad en todas las etapas y territorios.
Necesitamos políticas públicas que estén a la altura de los problemas reales. Necesitamos convocatorias de empleo suficientes, plantillas estables y medidas que eviten que la movilidad se convierta en un factor de precariedad. Necesitamos salarios que permitan vivir dignamente y condiciones laborales que reconozcan la responsabilidad y la importancia social del trabajo educativo.
Y necesitamos, sobre todo, que las administraciones dejen de tratar la educación como una partida de gasto que puede ajustarse y empiecen a asumirla como una inversión imprescindible para el futuro de nuestra sociedad.
La falta de recursos, la precarización del empleo y el deterioro de los servicios públicos no son problemas independientes. Forman parte de una misma realidad: cuando las políticas públicas no garantizan derechos, las consecuencias terminan recayendo sobre las personas trabajadoras y sobre quienes más necesitan la protección de los servicios públicos.
Por eso, esta huelga general también es nuestra huelga. Porque no defendemos únicamente mejores salarios o condiciones laborales para nuestro colectivo. Defendemos que nadie tenga que renunciar a ejercer su profesión por no poder vivir en el lugar donde trabaja, que ningún estudiante tenga que abandonar sus estudios por no poder pagar un alojamiento y que el acceso a una educación de calidad no dependa de la capacidad económica de cada familia.
El 11 de noviembre tenemos la oportunidad de hacer visible que detrás de cada aula, de cada centro educativo y de cada servicio socioeducativo hay personas trabajadoras que sostienen un derecho fundamental. Personas que educan, enseñan, cuidan, acompañan y contribuyen cada día a construir una sociedad más justa.
No podemos pedirles compromiso mientras se les niegan derechos. No podemos hablar de igualdad de oportunidades mientras las condiciones económicas expulsan a estudiantes del sistema educativo. Y no podemos defender unos servicios públicos de calidad si no defendemos a quienes los hacen posibles.
La enseñanza tiene mucho que reivindicar y mucho que defender. El 11 de noviembre no podemos mirar hacia otro lado.
Porque defender salarios dignos es defender condiciones de vida dignas. Defender la vivienda es defender el derecho a construir un futuro. Y defender la enseñanza es defender una sociedad con más igualdad, más derechos y más oportunidades para todas y todos.
El 11 de noviembre, las personas trabajadoras de la enseñanza también paramos. Porque nuestros derechos importan. Porque la educación importa. Y porque tenemos que actuar.
1 Informe UGT sobre la movilidad del profesorado
