A principios de curso, suelo pasar un pequeño cuestionario a mis alumnos y alumnos con algunas preguntas que me permitan conocer un poco de sus vidas, más allá de la información que consta en su expediente burocrático.
Me interesa cómo les gusta que les llame, si tienen una mascota, sus gustos y aficiones. Les pregunto también por sus materias favoritas y las que no les gustan nada, si tienen costumbre de leer alguna cosa o sobre los lugares donde pasan el tiempo cuando salen del instituto.
Una de las cuestiones trataba sobre cosas que les gustaría cambiar Y me llamó mucho la atención la respuesta de un alumno de 3º de ESO: “Me gustaría que me dejaran solo y tranquilo”. Busqué un momento para charlar con él y me contó que vivía en un piso con sus abuelos, su madre, su tía, sus primos pequeños, su hermana mayor con su novio y una sobrinita que acababa de nacer. Sin un espacio propio donde estudiar, leer, jugar o simplemente descansar, cuando necesitaba un poco de intimidad, salía al rellano de la escalera. Ahora sí, comprendí su respuesta en toda su dimensión.
La inseguridad habitacional condiciona la vida
Es importante acercarnos a la realidad del alumnado, no solo porque la empatía es una cualidad imprescindible de nuestra profesión, sino porque las circunstancias materiales tienen un impacto directo en el desempeño académico y el desarrollo personal en la infancia y la adolescencia. Las condiciones habitacionales que me contaba mi alumno no son generalizables, pero dan una idea de la realidad de muchas familias de Andalucía y de otros territorios.
Para poner la situación en contexto, en Andalucía alrededor del 24% de los hogares sufre inseguridad habitacional, es decir que casi una de cada cuatro familias no cuentan con un lugar adecuado, seguro, estable y asequible para vivir. El coste de la vivienda empuja a la pobreza a casi la mitad de las familias que viven de alquiler y a una cuarta parte de las hipotecadas, a pesar de tener un empleo activo. Y así, según el último informe del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, el 36,9% de menores se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.
La inseguridad habitacional se refleja en una enorme diversidad de situaciones que afectan gravemente a la infancia y la adolescencia. El alza de los precios de la vivienda obliga a las familias a dedicar un porcentaje cada vez más alto de sus ingresos al alquiler o la hipoteca, a trabajar más horas o aceptar varios trabajos para tratar de asumir el gasto creciente.
Como consecuencia, son muchos los niños y niñas que se crían en un entorno de ansiedad, tensión y prácticamente solos, pues sus familias pasan gran parte del día trabajando para pagar el alquiler y la hipoteca, sin alcanzar a cubrir otras necesidades como una alimentación saludable, protección frente al frío y el calor o actividades de ocio y disfrute.
Si las carencias materiales son importantes, aún lo es más la ausencia de verdadera conciliación que impide pasar tiempo de calidad en familia y dificulta generar lazos afectivos. Tampoco es posible muchas veces, por más que se quiera, apoyar a los menores en sus tareas escolares, acudir a tutorías o participar en el AMPA y en las actividades de colegios e institutos, lo que a veces se confunde con desinterés o dejadez.
Entre el 70% y el 80% de las familias que sufren un desahucio tienen menores de edad a su cargo
El escenario descrito se agrava si nos referimos a menores vulnerables, como quienes tienen alguna discapacidad o necesidades educativas especiales y a la infancia de origen migrante. Estas familias sufren, además, las dificultades derivadas de su situación administrativa, la falta de redes sociales amplias y también, la xenofobia y el racismo. A los problemas generales provocados por la crisis de la vivienda, las familias migrantes suman otras: miedo e inseguridad legal, prejuicios y rechazo de los arrendadores o necesidad de hacinarse en pisos compartidos, entre otras.
Las consecuencias de la crisis de vivienda para los menores
El exponente máximo de la crisis habitacional son los desahucios y, en lo que va de año, se han producido 1.353 en Andalucía. El dato ya es de por sí escalofriante, pero lo es aún más si tenemos en cuenta que, según estimaciones de UNICEF, entre el 70% y el 80% de las familias que sufren un desahucio tienen menores de edad a su cargo.
Las consecuencias de todo ello en la infancia y la adolescencia ya se han puesto de relieve en diferentes informes y artículos: complicaciones de salud física, como afecciones respiratorias o malnutrición; problemas de salud mental: cambios de conducta e inestabilidad emocional, entre otros; dificultades académicas: desmotivación, pérdida de concentración, bajada del rendimiento académico o abandono escolar temprano.
Una vez superada la etapa de escolarización obligatoria, la gente joven que se plantea un proyecto vital en base a estudios superiores, encuentra un nuevo obstáculo relacionado con la vivienda. La falta endémica de una oferta pública de residencias universitarias a precios asequibles en Andalucía, se había venido supliendo por dos vías; el circunscribir las expectativas a la oferta académica de la provincia de residencia o el alquiler privado de habitaciones en pisos compartidos.
El papel de la universidad pública como ascensor social choca con la realidad de la crisis habitacional
La primera opción se encuentra con el límite del desajuste entre demanda y oferta, por lo que un porcentaje significativo de jóvenes debe renunciar a los estudios deseados, por la imposibilidad de alcanzar la nota de acceso requerida. El alquiler de una habitación en un piso compartido es una opción que se aleja de las posibilidades de la mayoría, pues los precios en ciudades como Sevilla o Málaga no son asumibles para muchas familias. Así, el papel de la universidad pública como ascensor social choca con la realidad de la crisis habitacional que lleva a cada vez más jóvenes a renunciar a los estudios universitarios.
Quienes buscan un piso para compartir en las capitales andaluzas deben competir no solo con el monstruo de los alojamientos turísticos, sino con jóvenes que están opositando, realizando prácticas o en sus primeros años de carrera profesional, precariado y trabajadores eventuales, como el profesorado interino que también recurren al alquiler de habitaciones por la imposibilidad de alquilar una vivienda completa.
Vivienda y profesorado
La crisis habitacional en Andalucía afecta gravemente al profesorado, en especial a las compañeras y compañeros interinos. El profesorado interino debe sostener con su sueldo la vivienda habitual y la residencia temporal donde tiene sus destinos temporales, o bien se encuentra al principio de su carrera, sin colchón económico que le facilite la movilidad, ni posibilidad de tenerlo en un futuro próximo, precisamente porque emplea un alto porcentaje del salario en vivir allí donde se le destina en cada momento, haciendo imposible el ahorro. Si estas circunstancias son, de algún modo, propias de la situación de interinidad, el encarecimiento de los alquileres ha venido a dificultar enormemente el acceso a la vivienda de este sector docente.
Desde hace ya muchos años, ser nombrado para una interinidad en una ciudad o pueblo de cualquier punto de la costa andaluza suponía dos mudanzas anuales: una en septiembre y otra en junio, cuando los arrendadores dan por finalizados los contratos temporales para dar paso al alquiler vacacional, mucho más rentable.
La explosión del alquiler turístico ya no afecta solo a la costa, sino a las capitales, ciudades y pueblos de todo el territorio
En los últimos años, esta situación se ha agravado con la explosión del alquiler turístico que ya no afecta solo a la costa, sino a las capitales, ciudades y pueblos de todo el territorio. El encarecimiento de los alquileres obstaculiza el acceso a un arrendamiento asumible y el personal interino se ve, en ocasiones, obligado a renunciar a un nombramiento o a recurrir a alternativas como los albergues juveniles. Desarrollar una carrera profesional y un proyecto vital en estas circunstancias se hace muy difícil.
Aunque el profesorado interino es el eslabón más vulnerable, la crisis habitacional afecta al conjunto de la profesión, debido a la pérdida de poder adquisitivo. Mientras el sueldo base docente ha aumentado aproximadamente un 25,1 % desde 2011, los precios han subido un 36,6 %, quedando los salarios 11,5 puntos porcentuales por detrás del incremento de los precios. Ante esta situación, USTEA y otras organizaciones sindicales han exigido al Gobierno andaluz medidas urgentes, como el establecimiento de un complemento específico o la promoción de vivienda públicas o de alquiler asequible para docentes en zonas tensionadas.
La dificultad para el acceso a la vivienda del profesorado no es solo una cuestión que afecte a nuestro colectivo, sino que tiene un impacto en el conjunto de la educación pública. Es evidente el perjuicio causado cuando no pueden cubrirse vacantes o sustituciones en determinados puestos, pero esta cuestión tiene otras consecuencias más profundas a medio y largo plazo.
La turistificación de nuestros pueblos y ciudades y la especulación urbanística están socavando los cimientos del sistema educativo público
Así, la configuración y edad de las plantillas de los centros educativos se ve condicionada por algo tan ajeno a consideraciones pedagógicas como es el precio del metro cuadrado en una determinada zona. La inestabilidad de las plantillas y sus consecuencias, como la no continuidad de los proyectos educativos, ya no se circunscribe a determinadas áreas rurales o poco accesibles, sino que afecta a un amplio porcentaje de los centros educativos andaluces. La turistificación de nuestros pueblos y ciudades y la especulación urbanística están socavando los cimientos del sistema educativo público.
Cuando se piensa en las consecuencias de la turistificación de los centros urbanos, salen a relucir los comercios tradicionales que se han convertido en tiendas de recuerdos o los bares de toda la vida que han sido sustituidos por franquicias.
Turismo y centros educativos
Por supuesto, se ha hablado y mucho, de la sustitución de la población permanente por alojamientos turísticos que está en la raíz de este proceso de transformación urbana, pero no nos hemos detenido tanto en la merma o directa desaparición de los centros escolares. El caso más llamativo es el de Cádiz que, en los últimos 20 años, ha perdido ocho colegios públicos. Pero no es un fenómeno aislado y los centros de las ciudades se han convertido en decorados vacíos sin gente ni alma. La pérdida del tejido comercial tradicional es penoso, pero recuperar los centros urbanos con servicios públicos para sus vecinas y vecinos es, en estos momentos, una utopía.
La bajada de natalidad comienza a hacer aguas cuando salimos de los centros históricos y dirigimos la mirada a las áreas de expansión urbana
En el conjunto de Andalucía se han suprimido 2.758 aulas públicas desde la llegada del PP al gobierno de la Junta que defiende su política de recortes con la excusa de la bajada de natalidad. No se contemplan siquiera en el debate aspectos como turistificación y modelo de ciudad, especulación, derecho a la vivienda, a la sanidad o la educación públicas. Sin embargo, la explicación de la bajada de natalidad comienza a hacer aguas cuando salimos de los centros históricos y dirigimos la mirada a las áreas de expansión urbana de las ciudades.
En el caso de Sevilla, dos grandes operaciones urbanísticas se funden entre los términos municipales de la capital (Palmas Altas o Isla Natura) y la vecina Dos Hermanas (Entrenúcleos), sumando casi 24.000 viviendas de nueva construcción. Estas viviendas están ya siendo ocupadas por familias jóvenes que no pueden permitirse un hogar en otros barrios de la capital y que se han mudado a estas nuevas promociones con hijos e hijas pequeños o pensando en formar una familia en los próximos años.
No tan sorprendentemente, estos nuevos barrios se han construido sin dotación educativa ni otros servicios; solo recientemente, se ha levantado parte de un colegio público en el que funcionan dos aulas, sin que haya proyectados otros centros de infantil o primaria y ningún instituto.
En cambio, el Ayuntamiento de Dos Hermanas formalizó, el pasado verano, la cesión gratuita de una parcela municipal de 27.355 metros cuadrados a la Archidiócesis de Sevilla para la construcción de un colegio religioso y una parroquia, mientras que otros casi 3.000 metros cuadrados le fueron cedidos por el Ayuntamiento de Sevilla para una iglesia.
Estamos asistiendo a una transformación no solo del modelo de ciudad, sino de la propia sociedad que moldea el urbanismo
Se eliminan aulas y centros educativos públicos en los centros urbanos turistificados, con la excusa de la bajada de natalidad, y se facilita la implantación de centros privados en las zonas de expansión urbana. El caso de Sevilla es solo un ejemplo de las consecuencias de un urbanismo planificado con lógica de mercado que se repite en las zonas de expansión de otras ciudades andaluzas como la Vega de Acá en Almería, Teatinos o Campanillas en Málaga o la Huerta de Santa Isabel y Turruñuelos en Córdoba. Estamos asistiendo a una transformación no solo del modelo de ciudad, sino de la propia sociedad que moldea el urbanismo.
En Andalucía y otros territorios, el 11N salimos a la calle por el derecho a la vivienda y en defensa de la educación pública. Nos sumamos a la ola de resistencia que sacude todo el continente: Francia, Portugal, Alemania, Italia o Grecia con enormes movilizaciones que aúnan, en todos los casos, reivindicaciones similares. Porque “sin vivienda no hay educación” y sin educación pública no hay ciudades y pueblos vivibles desde donde construir un futuro colectivo más libre y más igualitario.
