A las puertas del inicio del curso escolar, parece que el ambiente anda revuelto: las comunidades educativas de Madrid, Murcia o Andalucía anuncian movilizaciones desde principio de curso exigiendo una vuelta a las clases segura, el Sindicato de Estudiantes convoca huelga estatal pidiendo un plan de inversión masivo en educación pública, numerosas AMPAs de todos los territorios no dejan de expresar su preocupación por la falta de personal y recursos necesarios, a finales de julio el sindicato de inspectores reclamaba claridad en la contratación de docentes, personal de administración y servicios (PAS), personal de atención educativa complementaria (PAEC) y personal de limpieza, FE CCOO considera irrisorios los 2.000 millones adicionales para educación (reclaman más de 7.000 millones) y los STEs denuncian la insuficiencia de los 25.000 docentes nuevos para asegurar la distancia de seguridad. Sin duda, el curso 2020/2021 se anuncia caliente.
Mientras, en una entrevista a la SER a mediados de la semana pasada, la ministra Celaá consideraba que se está generando un “exceso de alarma sobre la vuelta al cole suscitada por movimientos políticos y mediáticos”, señalando que de improvisación nada y que las medidas que se están adoptando son, con alguna modificación, las que ya se empezaron a trabajar en junio; por su parte, en Madrid, una de las regiones más acusadas de inmovilismo, Díaz Ayuso intentaba relajar los ánimos y anunciaba la contratación de 11.000 profesores (hasta que los centros sean seguros); Javier Imbroda, consejero de Educación en Andalucía, también en una entrevista ofrece un «mensaje de confianza y de tranquilidad porque se está haciendo todo lo material y humanamente posible para que la vuelta al aula sea presencial y segura», prometiendo reuniones periódicas con familias y equipos directivos para tranquilizar; incluso en el País Valencià, una de las comunidades del Estado que más elogios se está llevando, Miquel Soler, secretario Autonómico de Educación, explicaba en una entrevista reciente que el riesgo cero no existe y que la presencia del coronavirus es algo que tenemos que asumir entre el conjunto de la población.
Así podemos entender que los acuerdos de la Conferencia multisectorial de Educación y Sanidad del 27 de agosto se resuman simplemente en carga de responsabilidad para familias y docentes: ventilación, lavado de manos, mascarillas, toma de la temperatura y preferiblemente distancia de 1,5 metros.
Para entender un poco qué está pasando, quizás toque simplemente preguntarnos cómo de vinculadas están todas las instituciones del Estado a los intereses de las empresas. Así, a bote pronto, si queremos centrarnos en lo que está pasando en torno a la pandemia, ha quedado patente que la preocupación institucional central de estos últimos meses ha sido que las empresas pudieran seguir activas, que la economía no parase y seguir manteniendo el motor del beneficio, porque, sin beneficio inmediato, nos explican, nada puede funcionar. Y ahí está el abecé de todo.
Así, ¿cuál es el motivo central de que, mientras limitan aforos en cualquier espacio público, se abran centros de enseñanza? ¿Por qué, aun abriendo, no se invierten los 7.500 millones de euros en educación que dice CCOO que se necesitan? Pues, para esas empresas, porque los centros siempre han sido los “aparcamientos” de los niños de sus trabajadores pero, además, no hace falta tanto dinero para que la educación sirva a la economía. El gasto público para cosas que no sirvan directamente al beneficio empresarial significa, realmente, menos dinero para las empresas. Traducido en su lenguaje: un gasto superfluo.
En fin, así en general, podríamos pensar que el interés de las empresas es el de la sociedad y que la competencia capitalista hace que el mundo progrese, pero esa idea es bastante tramposa hoy en día. Realmente el capitalismo sólo es, además de un destructor del planeta y una máquina de explotación, un tapón para el progreso y, sólo reflexionando un poco sobre el pánico que genera una parada de producción como la que exige la actual pandemia, en una época con una capacidad productiva como nunca ha existido en la historia de la humanidad, nos damos cuenta de sus limitaciones. Es difícil pensar otro tipo de organización social que lo haga peor, la verdad. Y bueno, en el tema de la educación, lo mismo: en la medida en la que la educación pública sirve a las empresas, entorpece todas las posibilidades de crecimiento social.
En este sistema, si queremos conseguir algo que no sirva solo al beneficio empresarial, como la educación pública, no podemos solo centrarnos en señalar cómo lo hace un consejero u otro, en cómo uno u otro gestionan los recursos que se ofrecen, sino que lo primero que tenemos que hacer es localizar la raíz del problema, entender que el problema es el mismo capitalismo. Dentro de este sistema, tendremos que pelear por una mejor educación para la mayoría trabajadora, sin duda, pero no podemos perder de vista la causa, porque en caso contrario, no sabremos contra qué nos enfrentamos. Y es cierto que algunas consejerías de Educación lo están haciendo mejor que otras (las conservadoras están siendo realmente desastrosas), pero su capacidad de hacer algo contra los intereses de las empresas es mínimo en este marco y cualquier conquista siempre está en peligro.
Así, no es difícil sintetizar la exigencia ahora: si queremos seguridad en los centros y educación de calidad se necesita inversión, y el dinero hay que sacarlo de algún lado, si no es de las clases trabajadoras tiene que salir de las fortunas. Esto hay que decirlo claro. El horizonte y la reivindicación pasa, ni más ni menos, que por dotar de los recursos necesarios a los centros de enseñanza. La pregunta tiene que ser siempre: ¿se está invirtiendo en educación de calidad?, ¿los millones que llegan a cada comunidad se dedican realmente a los objetivos prometidos?, ¿se invierte lo suficiente? Y sobre eso es sobre lo que tenemos que poner la máxima atención.
La solución no va a pasar por culpabilizar a las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza por no ser lo suficientemente apasionados, comprometidos, valientes o entregados en el momento actual, ni a las familias trabajadoras por traer a sus hijos al colegio sin el control suficiente o ser lo suficientemente sacrificadas. No podemos permitirnos que se extienda que la solución pasa por el látigo para las y los trabajadores de la enseñanza, ni por el control de las familias.
Necesitamos saber que nuestros intereses no se pueden separar y hacer piña para exigir que el gasto en educación pública no suponga un transvase de dinero, por ejemplo, desde sanidad, o desde ayuda a la dependencia, o desde las jubilaciones. Para evitar, en definitiva, que nos utilicen a unos contra otros.
La movilización actual se inicia con bastante claridad, pero aún dispersa, por las dificultades para unir organizaciones y por los objetivos. Pero si entendemos el problema, sabemos que estamos al principio de un conflicto que ya estaba antes de la COVID-19. Así, si no nos olvidamos de quién dirige a las instituciones en este país y sabemos que al IBEX 35 no le interesa un gasto adicional en educación, vemos claro que es necesario unir, unir por todos los lados, unir a las trabajadoras y trabajadores. El horizonte tiene que ser una movilización estatal que exija unos puntos mínimos que unan a toda la comunidad educativa: además de aumentar el personal docente y no docente, asegurar las distancias de seguridad y la presencia de servicios sanitarios en los centros; se hacen necesarias las ayudas a las familias trabajadoras, que viven con angustia tanto tener que llevar a los hijos a los centros en plena pandemia, como que las clases se suspendan.
Es por esto que se hace imprescindible trabajar para construir una fuerza que sea capaz de unir a la mayoría trabajadora y plantar cara a la minoría explotadora, cuyo proyecto ya no sirve a ningún progreso social. Esta es la mejor manera de pelear, dentro del capitalismo, por una educación pública que nos arme como clase y que sí pueda servir al buen entendido progreso y que a la vez se plantee construir otro sistema en el que el interés sea realmente el bien común, en el que la educación sirva realmente para el progreso y quienes lo dirijan sea la mayoría social trabajadora y no una panda de explotadores.
Y así avanzaremos: cuanta más unidad, organización y movilización, más inversión y mejor calidad educativa. Cuanto menos nos unamos, organicemos y movilicemos simplemente tendremos más recomendaciones de ventilación, lavado de manos, mascarillas, toma de la temperatura y de distanciamiento social.
