Hoy hace seis meses desde que el 27 de enero la Fiscalía Provincial de Barcelona aceptase investigar el caso de Ramón Flecha y el CREA. Ocurría después de que la Universidad de Barcelona hubiera concluido su investigación interna, de la que se desprendía, según el informe, que podría haber indicios de conductas delictivas.
Ahora, la Fiscalía, tras meses de entrevistas con las 16 personas (14 mujeres y dos hombres) que han denunciado situaciones de coerción sexual, abuso de poder y violencia psicológica, seguirá con la investigación hasta finales de año.
Según ha confirmado La Vanguardia, el Fiscal quiere cerciorarse de que los testimonios que tiene, y seguirá recabando, encajan con algún tipo penal.
Te dejamos aquí un resumen de lo vivido desde julio de 2025.
El 2 de julio de 2025, 14 mujeres hicieron públicas sus denuncias contra Ramón Flecha ante la UB por presunta coerción sexual, abuso de poder y violencia psicológica dentro de CREA, la red de investigación que dirigía desde la Universidad y con ramificaciones en muchas más.
Primeras reacciones
Ocho días después, entidades del entorno del grupo —Odissea, FACEPA, IRIS-AEBE, entre otras— salieron en defensa de Flecha. A mediados de julio, la Generalitat suspendió cautelarmente el Premio Serra Húnter que acababa de conceder a Marta Soler, directora de CREA, y la UB abrió una investigación independiente suspendiendo cautelarmente a Flecha como catedrático emérito.
Durante los meses siguientes, hemos ido reconstruyendo el funcionamiento interno del grupo. En abril, cuatro exmiembros de CREA relataron su experiencia. Describieron jornadas maratonianas, ausencia de vida personal y presión para participar como «voluntariado» en las comunidades de aprendizaje vinculadas al grupo.
Otro reportaje, sobre las dinámicas de control dentro de CREA/Odissea, recogió testimonios sobre cómo los ideales transformadores del grupo terminaban atando a sus integrantes, y una pieza posterior exploró la red de entidades satélite del CREA —Odissea, Adarra, IRIS-AEBE— más allá del ámbito estrictamente universitario. También se documentó la existencia de Social Impact SL, una empresa vinculada a Flecha usada para licitar en proyectos europeos.
Valor académico
En paralelo, varias piezas analizaron el aparato académico del grupo. La serie sobre las «evidencias no tan evidentes» de las actuaciones educativas de éxito (con segunda y tercera parte) cuestionó la base empírica de las metodologías promovidas por CREA.
Otro reportaje reconstruyó el entramado de revistas y citas cruzadas bajo el título «CREA, historia de un conglomerado académico», y un análisis de bibliometría —elaborado con apoyo de IA— se preguntó si el impacto científico del grupo respondía a mérito real o a manipulación de métricas.
En esa misma línea, se reveló que CREA había incluido a académicos en comités científicos de revistas y congresos sin su consentimiento, y el catedrático Mariano Fernández Enguita afirmó que «el valor de la investigación del CREA es cero». Un artículo del profesor Ramón González-Piñal Pacheco denunció además el uso que CREA hacía del legado de Jürgen Habermas, pese al «ultraje» de Flecha a su obra teórica.
Un diciembre decisivo
Las consecuencias institucionales se aceleraron a finales de 2025. El 11 de diciembre, el Institut d’Estudis Catalans (IEC) suspendió a la junta directiva de la Associació Catalana de Sociologia (ACS), presidida durante años por Marta Soler y dominada por miembros de CREA, bloqueó sus cuentas y abrió una investigación sobre la gestión 2017-2025.
El 22 de diciembre, la UB remitió el caso a la Fiscalía y adoptó nuevas medidas cautelares que afectaron al núcleo dirigente de CREA, incluidas Marta Soler y Lidia Puigvert. Solo un día después, CREA anunció su autodisolución, tras meses de denuncias públicas sobre su forma de actuar. Ese mismo mes, publicamos un libro de Jaume Trilla crítico con CREA y Flecha (que ya supera las 6.700 descargas), quien más adelante, en un texto titulado «Euforia en el CREA», repasó la trayectoria judicial del grupo entre victorias parciales y conflictos abiertos, y se preguntó en otra pieza si el CREA «era o sigue siendo» realmente disuelto.
El caso llega a Fiscalía
La Fiscalía de Barcelona aceptó estudiar la documentación remitida por la UB a finales de diciembre y abrió diligencias formales de investigación el 27 de enero de 2026, aún abiertas. En febrero, un grupo de académicos españoles pidió a la Asociación Mundial de Investigación Educativa (WERA) la suspensión de relaciones con AMIE, la asociación vinculada a CREA. En marzo, Marta Soler dejó la vicepresidencia de la International Sociological Association (ISA), en un contexto que varias informaciones vincularon a las consecuencias del caso.
En abril, el IEC hizo públicas las conclusiones de su investigación sobre la ACS: detectó prácticas «excluyentes o sigilosamente coercitivas», limitación del pluralismo e instrumentalización de la asociación en beneficio de CREA, además de acoso y presión. El instituto cesó definitivamente a la anterior junta directiva, sustituyéndola por una junta provisional encargada de reformar los estatutos y retiró a Flecha el Premio Cataluña de Sociología de 2019.
El caso dio un giro judicial en junio: el juzgado de lo contencioso administrativo nº 7 de Barcelona restituyó a Marta Soler en su puesto en la UB al considerar defectuoso el procedimiento cautelar de suspensión, sin que ello implicara que la medida fuera desproporcionada. Unas semanas después, ocurrió lo mismo con Lidia Puigvert, la otra catedrática suspendida.
Días después, Odissea —entidad ligada a CREA— abandonó la Federació de MRP de Catalunya tras la apertura en la entidad de un procedimiento para su expulsión, y la Comisión Europea decidió no abrir, como estaba previsto, el congreso CIMIE26 organizado por AMIE. El 29 de junio, la ACS votó una nueva junta provisional sin presencia de miembros de CREA, encargada de redactar nuevos estatutos.
Un año después de las primeras denuncias, mientras la Fiscalía sigue investigando, el entorno de Flecha mantiene su versión: sostiene que todo forma parte de una campaña orquestada por un presunto abusador de menores, en la línea de anteriores campañas de 2004 y 2016, y ha intentado desacreditar tanto a las denunciantes como a quienes han ido abandonando el grupo.
